Como consumidores que somos a poco que analicemos nuestra conducta nos damos cuenta de que los criterios que exigimos en algunos aspectos de nuestra vida, no los aplicamos en absoluto en otros asuntos que son bastante más importantes.
Por ejemplo a la hora de comprar un coche uno de los principales factores a la hora de nuestra elección es el consumo de gasolina, más concretamente la diferencia de consumo entre unos modelos y otros, y también las garantías que ofrecen las diferentes marcas fabricantes. El mismo criterio o más exigente aún se emplea cuando acudimos a comprar electrodomésticos, porque tenemos asumido que tienen un gran gasto energético por su elevado tiempo de funcionamiento, y no digamos ya si se tratan de aparatos de aire acondicionado.
Sin embargo estas sabias pautas de consumidor no se han extendido aún a la que normalmente es la compra más importante que realizamos en nuestra vida: una vivienda o un edificio.
Podemos afirmar que se trata de una actitud muy poco extendida entre los usuarios la de consultar la eficiencia energética de los edificios, aunque para ello disponemos de las certificaciones de eficiencia energéticas de las viviendas y edificios, ya implantadas en nuestro país, pero quizás muchos usuarios desconozcan su finalidad.
Este certificado contiene información objetiva sobre las especificaciones energéticas de los edificios de forma que se pueda valorar y comparar su eficiencia energética con otros similares, o en el caso de viviendas comparar el gasto que nos supondrá al año su factura energética. El fin último de este certificado es que el consumidor conozca si se encuentra ante un edificio de alta eficiencia energética, un edificio normal, o uno en el que le llegarán cuantiosas facturas. De esta forma el interesado podrá ejercer su derecho a la información correcta a la hora de comparar entre las diferentes opciones que hay en el mercado y tener una visión sobre su adecuado uso, consumo energético, impacto ambiental y futuro disfrute.
Sabemos que las sucesivas actualizaciones de las normativas van exigiendo cada vez mayor eficiencia a vehículos y electrodomésticos, y los fabricantes exhiben sus logros en consumos y eficiencia para captar compradores, y en poco tiempo se verá la misma estrategia en edificios y viviendas cuando el precio de la energía alcance el nivel preciso para que nosotros, los consumidores, nos interesemos por esta faceta del bien en el que vamos a invertir nuestro dinero. A pesar de que podamos encontrar una diferencia de precio sustancial entre los productos de las diferentes clases energéticas, no cabe duda que a la larga se amortiza el dinero invertido en los aparatos de alta eficiencia energética.
Por ejemplo un edificio que cumple estrictamente el Código Técnico de la Edificación de 2006 obtiene una clase de eficiencia energética D; la clase más eficiente, A, representa un ahorro mayor del 60% respecto a la clase D; y la clase menos eficiente, G, representa el doble de gasto respecto a la clase D. Con la actualización del Código Técnico de la Edificación de 2013 por lo menos tendrá que ser una C y si no es residencial una B.
Actualmente en todos los contratos de arrendamiento o compraventa en todo tipo de viviendas, incluidas las existentes es obligatorio que posean el Certificado de Eficiencia Energética o se exponen a sanciones administrativas exactamente igual que un vendedor de automóviles o de frigoríficos. Lo primero es tener en cuenta el por qué de la directiva y no olvidarnos que su función es mejorar la información que obtienen las personas a la hora de comparar las diferentes viviendas, para poder tomar una decisión basada en la realidad.
Sin embargo, alcanzar el fin último de la normativa solo es posible cuando existe un organismo que controle externamente las certificaciones energéticas de los edificios de manera homogénea, y ese el agente de control externo. A todos nos parece normal que la resistencia al choque de un automóvil o el consumo de una lavadora la certifique un organismo independiente al del fabricante como prueba de la veracidad de los datos. Y, de momento, nos parece extraño que se exija lo mismo para nuestra vivienda aunque esta cueste diez o veinte veces más.
Uno de los grandes problemas que nos encontramos en este país es la falta de concienciación en el ámbito energético, ya que se configura como un país insostenible, con una dependencia energética muy superior a la media europea. Y no nos queda más remedio que ser más eficientes o lo pagaremos de nuestro bolsillo cada vez en un porcentaje mayor de nuestros ingresos, lo que repercutirá en nuestra calidad de vida. Y para ser eficientes nos hace falta conocer la verdad energética de nuestros inmuebles, de ahí la figura del agente de control externo.
Actualmente la normativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco exige que pasen control externo las certificaciones de las categorías A, B y C; y en la Comunidad Foral de Navarra las certificaciones de las categorías A o B y que correspondan a edificios nuevos terminados o a edificios existentes, o parte de los mismos, que vayan a ser objeto de un contrato de compraventa.
